Lunes 26 de julio de 2010
* Negocios de EU en Iniciativa Mérida
* La venta de helicópteros Black Hawk
* Policías estadounidenses en México
En un reporte evaluativo sobre la Iniciativa Mérida, auditores de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, se manifiesta la necesidad de dar seguimiento al uso que está haciendo el gobierno mexicano de los helicópteros tipo Black Hawk UH 60 que la administración de Barack Obama entregará para combatir a los cárteles mexicanos.
Aunque no es la primera vez que la GAO censura la manera y eficacia en la aplicación de los recursos que entrega el gobierno estadounidense para “contribuir” a la guerra contra el narcotráfico, tampoco es la primera vez que ese órgano de vigilancia del Congreso de los Estados Unidos descubre sucios intereses económicos detrás de este apoyo del gobierno estadounidense, es decir que se autoricen proyectos y partidas de dinero para beneficiar irregularmente a empresas privadas, tal y como sucede constantemente en México con el dinero público.
En esta ocasión, según reportes de las autoridades mexicanas y estadounidenses, los helicópteros por un valor superior a los 160 millones de dólares serán “regalados”.
En otros años, las licitaciones de estos equipos ocuparon partidas del Presupuesto de Egresos del gobierno mexicano y fueron motivo de graves problemas de corrupción. Siempre, sin embargo, habrá un negocio detrás. En este caso el gigante estadounidense United Technologies Corporation, que compró la empresa de Igor Sokorsky – creador de los helicópteros Black Hawk –, es una de las beneficiadas directas de los contratos millonarios firmados para la guerra contra el narcotráfico en Colombia y ahora en México.
Al segundo trimestre de 2010, las ventas de la división de aviones militares de United Technologies logró un incremento de 42.5 por ciento gracias a los contratos en América Latina, lo que le significó millonarias ganancias.
El negocio de los helicópteros
En 2001 publiqué los resultados de una investigación en la que al menos 40 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal Preventiva (PFP) se habían visto involucrados en las irregularidades que se cometieron al adquirir sin licitación previa 12 aeronaves, en su mayoría usadas, para el combate contra el narcotráfico.
En aquella investigación aparecían nombres como el de Wilfrido Robledo; el exdirector de Inteligencia de la PFP, Genaro García Luna, entonces director general de la Policía Judicial Federal de la PGR y actual secretario de Seguridad Pública Federal, y el exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Cajiga Estrada. Este último firmó la entrega del dinero para la compra de las aeronaves y por ello Gobernación debió verificar que el procedimiento fuera lícito.
La auditoria practicada a dicho proceso de adquisición de las aeronaves, dio como resultado que no había desviaciones de recursos, es decir que la disposición de los 32 millones de dólares (casi 320 millones de pesos) que hizo la PFP para la compra de los nueve helicópteros y tres aviones, uno de ellos un Gruman II de superlujo y los otros dos un Falcon y un Caza, sí se utilizaron para el pago de las aeronaves.
Pero las irregularidades en el proceso se ubicaron, por ejemplo, en que uno de los helicópteros estaba embargado a la Eurocopter y a pesar de ello fue adquirido por la PFP, organismo que de acuerdo con las fechas de adquisición financió a la empresa franco-alemana Eurocopter (la cual posee capital público del gobierno francés) para que ésta liquidara deudas y pudiera liberar la aeronave embargada.
Otras de las irregularidades descubiertas por la entonces Secretaría de la Contraloría es que faltó un adecuado afianzamiento de los contratos para la venta de las aeronaves por parte de las empresas privadas, además de que se abandonaron normas que disponen las leyes para las compras gubernamentales.
También faltó una justificación para que los helicópteros y aviones se adquirieran sin licitación, como lo dispone el reglamento en la materia. De acuerdo con la auditoria de aquel entonces, los nueve helicópteros costaron 17.5 millones de dólares y los tres aviones 14.5 millones.
Desencuentros de la burocracia
Tal vez ahora, por este tipo de antecedentes, se decidió que el gobierno de Estados Unidos entregaría los equipos como parte de la Iniciativa Mérida. Hasta ahora, sin embargo, se desconoce el costo que el gobierno mexicano tendrá que pagar por ellos dentro para reforzar la lucha en contra de los cárteles de la droga. Por lo pronto el próximo año tendrán que entregarse los helicópteros y el equipo comprometido para fortalecer las actividades contra el narcotráfico por parte de la armada mexicana.
El problema que observa la GAO, sin embargo, es que los cambios políticos – a raíz de las elecciones de 2012 – podrían poner en riesgo la continuidad de sus planes en México, pues se observa nada probable que el mismo partido en el poder (PAN) repita en el gobierno y de llegar cualquier otro podría suspender la estrategia del actual gobierno en la lucha contra el crimen organizado y ello entorpecería el negocio que ha significado hasta ahora la venta de aeronaves a las fuerzas armadas mexicanas.
Los funcionarios mexicanos, de acuerdo con el reporte liberado por la GAO, también han reprochado a Estados Unidos que los procesos administrativos para la entrega del equipo de vuelo, como los helicópteros Black Hawk, están retrasando la ejecución de muchos planes contemplados en la Iniciativa Mérida, plan utilizado por el gobierno de Estados Unidos para alejar de su territorio la guerra contra los cárteles de la droga, igual como sucedió en Colombia.
México firmó con Estados Unidos la entrega de entre 9 y 11 helicópteros Black Hawk, 4 aviones tipo CASA, tres helicópteros tipo Bell, más de 200 polígrafos, equipo móvil tipo gamma para inspección, así como unidades de ferrocarril para la detección de armas y otro tipo de contrabando, programas de profesionalización y proyectos de diversos cursos de formación y asistencia técnica. Este equipo, se prevé, sea entregado entre octubre próximo y diciembre de 2011.
Para 2011, el gobierno estadounidense ha solicitado 310 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida, 100 millones para Centroamérica y 79 millones para el Caribe. Para mantener dicha Iniciativa Mérida, dice la GAO, el Departamento de Estado de la administración de Barack Obama “deberá enfrentarse a factores fuera de su control, como cambios en el gobierno y la falta de continuidad en la administración pública”.
De acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense, los frecuentes cambios políticos y de organización así como reestructuraciones en los círculos del gobierno mexicano representan un reto para la ejecución de los programas de la Iniciativa Mérida. “En México, nos enteramos que los funcionarios que reciben formación pueden o no permanecer en sus puestos”.
Y ofrecen como ejemplo el presupuesto por 250 mil dólares que se destinó para la capacitación de investigadores para combatir al crimen organizado, pero que fue disuelta sin explicación alguna. El caso mexicano, dice la GAO, es una situación similar a la que se vivió en países como El Salvador o Panamá, en donde por más ayuda que se proporcione nunca se sabe dónde terminan los recursos.
Pero es un hecho que la contribución de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida se está retrasando y ya se registran severos enfrentamientos porque eso ha ocasionado graves problemas.
Funcionarios mexicanos expresaron su preocupación por estos retrasos y aseguran que si bien el gobierno de Felipe Calderón esperaba el equipo proveniente de Estados Unidos, ante la necesidad de acelerar los programas decidieron comprar tecnología por cuenta de la administración mexicana. Ahora, en Estados Unidos decidieron destinar los recursos previstos para la Iniciativa Mérida a otros programas.
Así, la falta de información y los desencuentros entre las burocracias mexicana y la estadounidense están retrasando los recursos de la Iniciativa Mérida, mientras la gravedad de la violenta situación se convierte en un excelente pretexto para que Estados Unidos presione por una presencia directa en el territorio mexicano, como ya sucede en la frontera.
Entonces mientras muchos estamos preocupados por la presencia del Ejército Mexicanos en todo el país, haciendo de policía que lucha contra el crimen organizado y grupos subversivos, ahora hay que preocuparse más porque ante la violencia e incapacidad de las fuerzas públicas para disminuir la presencia de grupos delincuenciales que ya controlan amplios territorios, fuerzas policiales estadounidenses se preparan para empezar a tener presencia armadas en nuestro país, ante la complacencia de un gobierno inútil como el de Felipe Calderón.
El negocio está en el aire
Tras su negocio de elevadores y aires acondicionados, United Technologies Corporation resguarda su negocio vinculado con la industria bélica. Esta compañía reporta a nivel global un incremento en ganancias de 13.7 por ciento hasta el segundo trimestre del año. No sólo eso, también elevó sus previsiones de utilidades para todo el 2010, ante lo que califica como una mayor demanda y mayores márgenes.
United Technologies controla la compañía Sikorsky que fabrica los helicópteros tipo Black Hawk, aeronaves que en las guerras del medio oriente motivadas por Estados Unidos han protagonizado varios accidentes y han dejado como saldo la muerte de decenas de soldados.
Por ello han puesto en marcha un plan de modernización de su tecnología y equipos por más de mil millones de dólares. Es obvio, por lo tanto, que necesitan clientes y allí está el Plan Mérida. Es casi seguro que a México no llegará la nueva generación de Halcones Negros, sino aquellos que se sabe deben mejorarse. Cuestión de negocios.
